jueves, 19 de noviembre de 2015

De porfiriato y revolución al México de sí reelección. Eduardo Garibay Mares

De porfiriato y revolución al México de sí reelección

Eduardo Garibay Mares
Noviembre 20 de 2015




De porfiriato y revolución al México de sí reelección

Eduardo Garibay Mares


Reelecto el oaxaqueño Porfirio Díaz Mori por octava vez para un nuevo periodo presidencial de cuatro años, que habría de iniciar el 1 de diciembre de 1910, el coahuilense Francisco I. Madero publicó el 25 de octubre en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, el Plan de San Luis Potosí, suscrito el anterior 5 de octubre en la capital del estado potosino, para convocar desde su forzado destierro a los mexicanos a tomar las armas contra la dictadura porfirista.
Sistema partidista de mesiánicos líderes y de ilusorios candidatos independientes
A la luz de tres siglos, resulta evidente que el Plan de San Luis es una muestra histórica más de antecedentes, hechos, y subsecuentes sucesos, que documentan fehacientemente que el sistema de partidos políticos, denostado por propias pugnas entre sí y al interior de los mismos, está agotado en México desde el siglo XIX, cuando tras consumarse la Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, se mostró que tal sistema partidista que impulsa tanto a respectivos mesiánicos líderes como a ilusorios candidatos independientes es engendro de la corruptible democracia que conlleva al oportunista arrebato de cotos entre grupos en el poder, que es donde imperan facciones con capacidad para coludirse e igual efectuar movimientos sociales de descontento contra del gobierno establecido, ya que los grupos privilegiados son los que arman las revoluciones, nunca gente del pueblo, que es el que paga con sangre y vida, así como con marginación, la inconmensurable ambición de los poderosos por permanecer en mandos gubernamentales, o arribar a ellos, como ha ocurrido y cual se vive en este 2015, para perjuicio de generaciones actuales y futuras.
Llamado maderista a la revolución armada en 1910
Además de declarar con el Plan de San Luis que en la República mexicana el principio supremo constitucional sería el de “No Reelección”, en el punto 4, y de llamar a tomar las armas el 20 de noviembre para arrojar del poder al régimen de Díaz, en el 7, en once puntos Madero propuso: Declarar nula la elección de presidente, magistrados, diputados y senadores, en el 1; y desconocer a gobernantes y autoridades cuyo poder debiese dimanar del voto popular, ya que éstos, además de no haber sido electos, habían perdido lo poco que pudiesen tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con elementos puestos a su disposición por el pueblo para la defensa de sus intereses, otro de los fraudes electorales más escandalosos registrados en la historia de México, en el 2.
Igualmente –en tanto se hacían reformas legislativas y para evitar trastornos inherentes al cauce revolucionario–, Madero propuso en el punto 3: Reconocer vigentes leyes promulgadas por Díaz, excepto fallos de tribunales, decretos de cuentas sancionadas y manejos de fondos en todo ramo, en el entendido de que al triunfar la revolución se respetarían compromisos con gobiernos y corporaciones extranjeras contraídos antes del 20 de noviembre, se formarían comisiones dictaminadoras de imputaciones a funcionarios de la federación, estados y municipios, y se corregirían abusos de la Secretaría de Fomento y de tribunales en torno a la ley de terrenos baldíos, en perjuicio de pequeños propietarios despojados, en su mayoría indígenas, para restituirles terrenos e indemnizarlos por daños sufridos.
Y también  –asumido el propio Madero como presidente provisional, facultado para combatir al usurpador régimen porfirista–, se comprometía: A que al estar en poder de las fuerzas del pueblo la capital del país y más de la mitad de los estados, convocaría a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregaría el cargo al que resultase electo presidente, en el 5, y a dar cuenta de su presidencia provisional al Congreso de la Unión, en el 6.
Rendición de cuentas que era indispensable porque las amplias facultades conferidas por el plan implicaban: Obligar por la fuerza de las armas a las autoridades opuestas a respetar la voluntad popular, subrayando la observancia rigurosa de leyes de guerra y la prohibición de usar balas explosivas y de fusilar prisioneros, así como el deber de respetar a extranjeros en sus personas e intereses, en el 8; apresar a tales autoridades opuestas para juzgarlas al término de la revolución, y reconocer como autoridad legítima al jefe de armas, que podría delegar funciones en otro ciudadano, al que confirmaría o removería en su cargo el presidencial gobierno provisional, también facultado para liberar a todo preso político, en el 9; nombrar el presidente en cada estado al gobernador provisional, quien convocaría a elecciones para la gubernatura pronto y a juicio del presidente, excepto en donde dos años antes se hubiese cambiado democráticamente de gobierno, ya que ahí se consideraría gobernador provisional al electo por el pueblo que se adhiriese al plan; todo eso salvo cuando el presidente no nombrase gobernador, o que el nombramiento no llegase a su destino o que el agraciado no aceptara, casos en que los jefes de armas de la entidad nombrarían al gobernador, al que ratificaría el presidente, en el 10; y disponer de fondos administrativos de oficinas públicas y contratar para gastos de guerra préstamos voluntarios o forzosos, esto último, se advertía, sólo con ciudadanos o instituciones nacionales, en el 11.
De la “No Reelección” en el siglo XX a la sí reelección en México en el siglo XXI
Es un hecho que del bla bla bla de que el principio supremo constitucional sería el de “No Reelección” en la República mexicana, proclamado en el maderista Plan de San Luis en 1910 para llamar a la revolución armada contra la perpetuación de Díaz en el poder, en este 2015, a dos años de cumplirse el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitucionalmente ya rige la “Sí reelección” para legisladores y presidentes municipales, aunque todavía no para gubernaturas estatales y presidencia de México.
Corolario
Es evidente que con el movimiento revolucionario iniciado a partir del 20 de noviembre de 1910 no se logró enmendar a fondo al Estado mexicano, para erradicar la crónica descomposición del régimen político que lo acompaña desde el siglo XIX, a partir de la declaración de Independencia de México.
Descomposición crónica del régimen político que de tiempo en tiempo devasta al país con exacerbadas crisis de partidos políticos, cómplices incluso en respectivas acciones al margen de la ley que conllevan a la ingobernabilidad, puesto que no escarmientan con la enseñanza histórica tales poderosos, quienes desde concernientes cargos públicos y partidistas de que se sirven convulsionan a la nación, en medio de la violencia desatada a causa del desgobierno y en torno a procesos electorales en los que igual irrumpen prometedores candidatos independientes, dejando ver que en su pugna por arrebatarse el poder nada les importa arrastrar al país a confrontaciones, sólo útiles para el arribo de correspondientes élites a cargos de gobierno y siempre a costa de sectores mayoritarios de población marginados, a los que mesiánicos líderes demagógicos descaradamente esperanzan, como desde hace 105 años se le aseguró a la mayoritaria población de la República mexicana con el Plan de San Luis y sus electoreras promesas de igualdad, equidad y mejores niveles de bienestar social.