De porfiriato y revolución al México de sí reelección
Eduardo
Garibay Mares
Noviembre
20 de 2015
De porfiriato y revolución al México de sí reelección
Eduardo Garibay Mares
Reelecto el
oaxaqueño Porfirio Díaz Mori por octava vez para un nuevo periodo presidencial
de cuatro años, que habría de iniciar el 1 de diciembre de 1910, el coahuilense
Francisco I. Madero publicó el 25 de octubre en la ciudad estadounidense de San
Antonio, Texas, el Plan de San Luis
Potosí, suscrito el anterior 5 de octubre en la capital del estado
potosino, para convocar desde su forzado destierro a los mexicanos a tomar las
armas contra la dictadura porfirista.
Sistema partidista de mesiánicos líderes y de
ilusorios candidatos independientes
A la luz de tres
siglos, resulta evidente que el Plan de
San Luis es una muestra histórica más de antecedentes, hechos, y
subsecuentes sucesos, que documentan fehacientemente que el sistema de partidos
políticos, denostado por propias pugnas entre sí y al interior de los mismos,
está agotado en México desde el siglo XIX, cuando tras consumarse la
Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, se mostró que tal sistema
partidista que impulsa tanto a respectivos mesiánicos líderes como a ilusorios
candidatos independientes es engendro de la corruptible democracia que conlleva
al oportunista arrebato de cotos entre grupos en el poder, que es donde imperan
facciones con capacidad para coludirse e igual efectuar movimientos sociales de
descontento contra del gobierno establecido, ya que los grupos privilegiados
son los que arman las revoluciones, nunca gente del pueblo, que es el que paga
con sangre y vida, así como con marginación, la inconmensurable ambición de los
poderosos por permanecer en mandos gubernamentales, o arribar a ellos, como ha
ocurrido y cual se vive en este 2015, para perjuicio de generaciones actuales y
futuras.
Llamado maderista a la revolución armada en 1910
Además de
declarar con el Plan de San Luis que
en la República mexicana el principio supremo constitucional sería el de “No
Reelección”, en el punto 4, y de llamar a tomar las armas el 20 de noviembre
para arrojar del poder al régimen de Díaz, en el 7, en once puntos Madero
propuso: Declarar nula la elección de presidente, magistrados, diputados y
senadores, en el 1; y desconocer a gobernantes y autoridades cuyo poder debiese
dimanar del voto popular, ya que éstos, además de no haber sido electos, habían
perdido lo poco que pudiesen tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con elementos
puestos a su disposición por el pueblo para la defensa de sus intereses, otro
de los fraudes electorales más escandalosos registrados en la historia de
México, en el 2.
Igualmente –en
tanto se hacían reformas legislativas y para evitar trastornos inherentes al
cauce revolucionario–, Madero propuso en el punto 3: Reconocer vigentes leyes
promulgadas por Díaz, excepto fallos de tribunales, decretos de cuentas
sancionadas y manejos de fondos en todo ramo, en el entendido de que al
triunfar la revolución se respetarían compromisos con gobiernos y corporaciones
extranjeras contraídos antes del 20 de noviembre, se formarían comisiones
dictaminadoras de imputaciones a funcionarios de la federación, estados y
municipios, y se corregirían abusos de la Secretaría de Fomento y de tribunales
en torno a la ley de terrenos baldíos, en perjuicio de pequeños propietarios
despojados, en su mayoría indígenas, para restituirles terrenos e indemnizarlos
por daños sufridos.
Y también –asumido el propio Madero como presidente
provisional, facultado para combatir al usurpador régimen porfirista–, se
comprometía: A que al estar en poder de las fuerzas del pueblo la capital del
país y más de la mitad de los estados, convocaría a elecciones generales
extraordinarias para un mes después y entregaría el cargo al que resultase
electo presidente, en el 5, y a dar cuenta de su presidencia provisional al
Congreso de la Unión, en el 6.
Rendición de
cuentas que era indispensable porque las amplias facultades conferidas por el
plan implicaban: Obligar por la fuerza de las armas a las autoridades opuestas
a respetar la voluntad popular, subrayando la observancia rigurosa de leyes de
guerra y la prohibición de usar balas explosivas y de fusilar prisioneros, así
como el deber de respetar a extranjeros en sus personas e intereses, en el 8;
apresar a tales autoridades opuestas para juzgarlas al término de la
revolución, y reconocer como autoridad legítima al jefe de armas, que podría
delegar funciones en otro ciudadano, al que confirmaría o removería en su cargo
el presidencial gobierno provisional, también facultado para liberar a todo
preso político, en el 9; nombrar el presidente en cada estado al gobernador
provisional, quien convocaría a elecciones para la gubernatura pronto y a
juicio del presidente, excepto en donde dos años antes se hubiese cambiado
democráticamente de gobierno, ya que ahí se consideraría gobernador provisional
al electo por el pueblo que se adhiriese al plan; todo eso salvo cuando el
presidente no nombrase gobernador, o que el nombramiento no llegase a su
destino o que el agraciado no aceptara, casos en que los jefes de armas de la
entidad nombrarían al gobernador, al que ratificaría el presidente, en el 10; y
disponer de fondos administrativos de oficinas públicas y contratar para gastos
de guerra préstamos voluntarios o forzosos, esto último, se advertía, sólo con
ciudadanos o instituciones nacionales, en el 11.
De la “No Reelección” en el siglo XX a la sí
reelección en México en el siglo XXI
Es un hecho que
del bla bla bla de que el principio supremo constitucional sería el de “No
Reelección” en la República mexicana, proclamado en el maderista Plan de San Luis en 1910 para llamar a
la revolución armada contra la perpetuación de Díaz en el poder, en este 2015,
a dos años de cumplirse el centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitucionalmente ya rige la “Sí
reelección” para legisladores y presidentes municipales, aunque todavía no para gubernaturas estatales y
presidencia de México.
Corolario
Es evidente que
con el movimiento revolucionario iniciado a partir del 20 de noviembre de 1910
no se logró enmendar a fondo al Estado mexicano, para erradicar la crónica
descomposición del régimen político que lo acompaña desde el siglo XIX, a partir
de la declaración de Independencia de México.
Descomposición
crónica del régimen político que de tiempo en tiempo devasta al país con
exacerbadas crisis de partidos políticos, cómplices incluso en respectivas
acciones al margen de la ley que conllevan a la ingobernabilidad, puesto que no
escarmientan con la enseñanza histórica tales poderosos, quienes desde
concernientes cargos públicos y partidistas de que se sirven convulsionan a la
nación, en medio de la violencia desatada a causa del desgobierno y en torno a
procesos electorales en los que igual irrumpen prometedores candidatos
independientes, dejando ver que en su pugna por arrebatarse el poder nada les
importa arrastrar al país a confrontaciones, sólo útiles para el arribo de
correspondientes élites a cargos de gobierno y siempre a costa de sectores
mayoritarios de población marginados, a los que mesiánicos líderes demagógicos descaradamente
esperanzan, como desde hace 105 años se le aseguró a la mayoritaria población
de la República mexicana con el Plan de
San Luis y sus electoreras promesas de igualdad, equidad y mejores niveles
de bienestar social.
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